El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario de la autoridad administrativa al no permitir a los recurrentes formalizar las solicitudes de refugio.
El Tribunal de alzada rechazó el recurso de casación en la forma deducido en contra de la sentencia del Tercer Juzgado de Letras de Punta Arenas, que estableció que los hechos denunciados no son constitutivos de delito.
El Tribunal acogió la demanda y condenó a la marca internacional a pagar la suma de $5.355.000 por incumplimiento de contrato de diseño e implementación de la página web Daewoo.cl.
El Tribunal acogió la denuncia, tras establecer que el despido del repartidor se produjo con vulneración de las garantías de intimidad e indemnidad.
El máximo Tribunal estableció que mantener publicadas en sitios web información relacionada solo con la formalización y no con el término del proceso, vulnera el derecho a la honra de afectada.
El Tribunal hizo lugar a la acción judicial deducida, tras establecer que la demandada lesionó el derecho a la vida y a la integridad física y síquica de la profesional, y la libertad de trabajo y su protección, ordenando el pago de $20.000.000.
El Tribunal de alzada confirmó la resolución recurrida, dictada el jueves 25 de julio, por el Juzgado de Garantía de Concepción, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
El Tribunal de alzada revocó la resolución recurrida, dictada por el Juzgado de Garantía de Concepción, tras establecer que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, por la cantidad de delitos por los que fueron formalizados, por el hecho de actuar en pandilla y por contar con antecedentes penales.
La masacre ocurrida en El Paso es muy preocupante. Según información pública, el atacante habría escrito un «manifiesto» dirigido contra la migración y la población hispana de los Estados Unidos. Este hecho es deleznable.
La medida persigue subsanar el retraso que muestra el marco regulatorio en materia de protección de datos personales ?normativa que data de 1999-, dejando bajo la tutela del CPLT el resguardo, fiscalizaciones, sanciones y otras atribuciones en este ámbito.
