El Tribunal acogió la acción judicial, tras dar por acreditado que la empresa no adoptó las medidas de seguridad para evitar accidentes, como el que afectó al demandante.
La iniciativa, que fue remitida a la Comisión de Trabajo por haber sido objeto de indicaciones, establece el derecho de los trabajadores, tanto públicos como privados, a la desconexión digital fuera del horario establecido para la jornada de trabajo.
La iniciativa introduce mayores especificaciones en torno al deber del empleador de contar con los seguros respectivos y herramientas que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores; obligaciones de información; y responsabilidad frente a accidentes laborales y enfermedades profesionales.
El ministro en visita absolvió a los civiles acusados, tras establecer que no existen elementos que permitan acreditar que tuvieron una participación culpable en la comisión del ilícito.
La gestión pendiente incide en autos laborales, por despido carente causal y/o injustificado, conjuntamente con nulidad del despido y cobro de prestaciones laborales en contra de la Municipalidad de Punta Arenas.
La Corte de Punta Arenas sostuvo en síntesis que la decisión adoptada por los recurridos no pudo estimarse arbitraria o ilegal.
La recurrente estimó vulneradas las garantías del artículo 19 numerales 1 y 24 de la Constitución.
El artículo 4 de la ley N° 20.880 establece los funcionarios que se encuentran obligados a rendir una DIP.
La gestión pendiente incide en autos infraccionales, de que conoce la Corte Suprema, por recurso de casación en el fondo.
