El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar, tras establecer el incumplimiento de la entidad bancaria del deber de seguridad y una vulneración al derecho de propiedad de la parte recurrente.
La ministra Plaza González procesó a José Enrique Contreras Pacheco, por existir presunciones fundadas para estimar que le cupo participación, en calidad de autor, en el delito.
El requirente estima que se afecta su derecho al debido proceso, a no auto incriminarse y la igualdad ante la ley.
Luego de que se decretara la prórroga del estado de excepción el 16 de septiembre de 2020, la denunciada decidió desvincular a los trabajadores invocando la causal de necesidades de la empresa.
El actuar de la recurrida ha vulnerado la garantía establecida en el artículo 19 N°21 de la Constitución, en cuanto la publicación de la morosidad afecta directamente su prestigio comercial y con ello la posibilidad de desarrollar su actividad económica sin perturbación alguna.
Aunque los jueces de instancia hayan afirmado su convicción condenatoria en prueba producida en la audiencia, al emanar ella del mismo procedimiento viciado no puede ser siquiera considerada.
El requirente alega que se le está forzando injustamente a enajenar sus bienes por un valor muy inferior al de mercado, afectando sus garantías constitucionales.
La ilegalidad de un acto administrativo debe ser solicitada a través de la acción especial destinada legalmente al efecto, pero no a través de una segunda acción dentro del mismo procedimiento, sino como parte de la argumentación de dicha vía especial.
Los funcionarios con hijos menores de dos años pueden acceder a teletrabajo o trabajo remoto, en los términos que regula el artículo 206 bis del Código del Trabajo.
La acción dañosa de las demandadas, prolongada durante décadas, ha terminado dañando componentes ambientales tanto abióticos como bióticos, y ha destruido y condenando a la desaparición a ecosistemas singulares del Salar de Atacama.
