Recurso de protección en contra de la Tesorería General de la República en que se acusa falta de celeridad administrativa en adoptar decisiones en procedimientos de cobro, se acoge a trámite por la Corte Suprema.
Aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de garantías fundamentales consagradas en la Constitución.