El Tribunal de alzada rechazó la acción cautelar presentada en contra de la Gobernación Provincial de Cautín, tras establecer que el actuar de la repartición pública no es ni arbitrario ni ilegal y, además, obedece a un mandato expreso de la ley.
Por encima de todas las cualidades, queremos a personas que tengan un compromiso ético.
Hay quienes piensan que sería necesario incluir en el Código Disciplinario un precepto específico para sancionar ofensas dirigidas contra el Estado.
Nueva filtración de 2 mil 200 millones de registros -entre contraseñas, nombres y cuentas de correo, entre otros- sería la más grande de la historia, superando la operación de hackeo que se produjo hace poco más de dos semanas.
Presidente de la República, senadores, diputados, consejeros regionales, alcaldes y concejales podrían perder el escaño por la difusión, promoción o financiamiento de noticias falsas.
El ministro ordenó la aprehensión de los procesados y su ingreso en el Regimiento de Policía Militar N° 1 de Santiago, con la excepción de Lapostol Orrego, quien «atendida su avanzada edad» deberá permanecer con arresto domiciliario total.
La expulsión excedió los límites establecidos en los estatutos vulnerando el debido proceso y el derecho a la honra del recurrente.
Se descartó ilegalidad o arbitrariedad por parte de las recurridas pues el permiso de ampliación de obra menor se otorgó legalmente.
Acción había sido deducida por la Clínica Las Condes debido a que fue condenada por vulneración de derechos con ocasión del despido de un trabajador.
El recurrente aduce que se vulneró la igualdad ante la ley, el debido proceso, el derecho de asociación y la libertad de expresión.
