El pago de la garantía estatal exige que la entidad financiera inicie las acciones judiciales tendientes al cobro del crédito, lo que se contrapone a los efectos procesales del desistimiento ejercido por la actora.

Con ello, se mantuvo la decisión de la Corte de Talca que estimó que tal indemnización carece de sustento legal en dichas causas.

Se debe establecer un estándar mayor para aquellos que aspiran a formar parte de la función pública, siendo un imperativo entregar señales fuertes y claras que den cuenta del rechazo de este tipo de conductas tan transversalmente cuestionadas.

La misiva no tenía por fin último hacer una crítica a un proyecto de ley o a una política pública.

La obligación rige para empresas con 100 o más trabajadores.

Lo anterior, aun cuando no haya mediado declaración de humedal urbano por el Ministerio del Medio Ambiente.

Se busca proteger a los trabajadores y a quienes pueden ser afectados por un contagio.

El artículo 97 N° 4 del Código Tributario exige la realización maliciosa de maniobras que tengan por objeto aumentar en forma indebida el verdadero monto de los créditos fiscales, por lo que el SII tiene la carga probatoria de acreditar que el contribuyente actuó dolosamente, es decir, que sabía y quería realizar la conducta y sus propósitos.

No solo se hace necesario crear un estatuto idóneo y unificado para la tipificación de las conductas cometidas en contra de funcionarios de dichas instituciones, sino que también regular las materias relevantes para que puedan realizar un adecuado ejercicio de su función, bajo un marco de protección suficiente.

Atendida la naturaleza administrativa del procedimiento de la Ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, los plazos de impugnación deben evaluarse a la luz de lo previsto en el artículo 25 de la Ley N° 19.880.