El ente contralor precisó que DCCP adoptó la decisión cuestionada con apego a lo señalado en las respectivas bases administrativas.
El recurrente estimó vulnerados su derecho a igualdad ante la ley, libertad de consciencia, libertad de trabajo y el derecho de propiedad.
Las gestiones pendientes inciden en recurso de reunificación de jurisprudencia, de que conoce la Corte Suprema.
De este modo, la Corte Suprema confirmó la decisión de la Corte de Santiago.
El órgano contralor ordenó a la entidad castrense informar sobre la materia, en el plazo de 20 días, con el fin de revisar la eventual prescripción de la deuda indicada por la recurrente.
Si bien las normas laborales y administrativas son aplicables a los trabajadores y funcionarios del ámbito de la salud, no existen normas que regulen el acoso sexual que puede suceder en la relación médico-paciente», advierten los senadores.
El proyecto será analizado, el martes 07 de mayo, por la Comisión de Hacienda.
El Tribunal de alzada acogió la acción deducida por la Corporación pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar y la Fundación Jorge Yarur.
Asimismo, se aborda el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el impacto de los nuevos delitos introducidos por la ley Nº 21.121 en la administración de las sociedades.
El máximo Tribunal confirmó la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta.
