La Corte Suprema revocó la sentencia apelada señalando que eventualmente se puede constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.
El máximo Tribunal español acogió el recurso del acusado al considerar que la decisión de la Audiencia Provincial de Alicante le generó indefensión.
Corte de San Miguel señaló que hechos denunciados superan con creces el plazo para interponer la acción.
Máximo Tribunal indicó que hechos denunciados podrían constituir vulneraciones a garantías fundamentales.
La recurrente considera vulnerado su derecho a la libertad individual.
La Corte de Santiago indicó que, se afectó el derecho del recurrente, de someter en el más breve plazo al conocimiento de la autoridad pertinente su requerimiento de reconocerle la calidad de refugiado.
El máximo Tribunal ibérico consideró que la finalidad de dicha huelga fue fundamentalmente de defensa de los derechos de los trabajadores.
Corte de Talca señaló que no pueden estimarse vulneradas las garantías constitucionales del recurrente mientras se encuentren pendientes ambos procesos administrativos.
El Tribunal rechazó la acción indemnizatoria, tras establecer que la demandante mediante la asunción de riesgos, aceptó como tolerable la producción del accidente que sufrió en horario reservado a usuarios expertos.
El Tribunal de alzada descartó actuar ilegal del Departamento de Extranjería recurrido, que no permitir el retorno del sacerdote que fue expulsado tras cumplir con la sentencia penal dictada en su contra.
