El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia que condenó a Ricardo Lawrence Mires, Heriberto del Carmen Acevedo y Claudio Pacheco Fernández a 15 años de presidio como autores de homicidio calificado y a 10 años de presidio como autores de secuestro calificado.

A juicio de esta Corte, sí están comprendidas dentro de la competencia absoluta, en razón de la materia, de los juzgados de letras del trabajo, por tener un alcance extendido indubitado, siendo la protección de la maternidad un bien jurídico reconocido a trabajadores que presten servicios a cualquier empleador e incluso si no lo tienen.

En el primer acápite de la demanda se denuncia el incumplimiento contractual, el que consistiría en que Administradora Alto Mantagua S.A. cerró sus dependencias en el mes de mayo de 2014 , según lo establece el informe de daños emitido por el SERNAC; documento que fija como daño por dicho cierre la suma de 0,15 UTM para cada consumidor.

Afecta la garantía del debido proceso, derecho al recurso y la igualdad ante la ley.

Las cláusulas testamentarias que declaran la indignidad de la actora, no tienen validez legal ni pueden producir el efecto del desheredamiento.

La sola circunstancia de que el vehículo conducido por el actor se encontrara saliendo del puente no aparece como razón suficiente para eximirlo de la esmerada conducción que le era exigible.

Ante la falta de acuerdo entre los contratantes, los tribunales son los únicos que pueden dar por terminado un contrato de arrendamiento cuyo plazo aún está vigente.

Su aplicación menoscaba el derecho a defensa de la requirente.

No obstante, se ordenó dar cuenta al pleno de la Corte sobre la medida adoptada por el juez del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.

Los dichos de la autoridad obedecieron a la necesidad de dar cuenta de las gestiones efectivas que estaban realizando las policías, las cuales habían permitido la detención del actor.