CS rechazó unificación de jurisprudencia relativa a la aplicación del procedimiento de tutela laboral a funcionarios públicos.
La impugnación se dedujo por el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP).
La impugnación se dedujo por el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP).
La zona de emplazamiento del proyecto ha sido históricamente un lugar afectado por la contaminación producida por la industria minera.
Según el reporte del organismo internacional, lo obstáculos afectan principalmente a grupos vulnerables como migrantes, tercera edad, discapacitados y pueblos originarios, además de acusar exigua capacidad normativa lo que atenta con una adecuada judicialización de los casos.
El lograr, para un Estado, reunir votos a favor de su candidato, resulta del intercambio de apoyos a los que frecuentemente recurren los departamentos de candidaturas de las direcciones de asuntos multilaterales (o de derechos humanos cuando los hay) de cada uno de los ministerios de relaciones exteriores.
La decisión del jefe de servicio se ampara en el Estatuto Administrativo. Se trata de una potestad discrecional que no puede ser considera ilegal o arbitraria por el uso excesivo de licencias médicas de la recurrente
El Tribunal de alzada estableció el actuar ilegal del servicio recurrido, al denegar la tramitación.
El Tribunal de alzada confirmó la sanción, tras constatar que los programas presentados por la señal pública no cumplen con los criterios para ser considerados de contenido cultural.
Se trata de la Universidad de Los Lagos, tras constatar que dicha casa de estudios superiores en su calidad de Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (EFTA), no posee inspectores ambientales autorizados, condición que es requisito fundamental para mantener su calidad de entidad técnica.
La Sala del Senado aprobó en forma unánime el veto presidencial que establece además que a partir de 2022 será feriado el día del solsticio de invierno y se mantiene el del 12 de octubre.
El Tribunal de alzada descartó actuar arbitrario de los organismos recurridos, tras establecer que la concreción del sufragio de los reclusos, requiere de la dictación de una normativa legal que regule cómo se ejercería dicho derecho.