El ente contralor adujo que esto, toda vez que el espíritu de la normativa, es permitir que el trabajador se ausente de sus labores, con motivo de haberse desempeñado en actividades calificadas como peligrosas.

Planteada la acción de inconstitucionalidad, le corresponderá al Tribunal Pleno decidir sobre su admisión a trámite y posterior admisibilidad, para luego emitir un pronunciamiento sobre el fondo.

El amparado señala que cumple los requisitos de conducta y tiempo mínimo.

La resolución ya había sido apelada ante la Corte de Apelaciones.

La Corte de Temuco indicó que, tratándose la presente de una materia que no correspondió ser dilucidada por medio de la acción cautelar.

El recurrente estimó vulneradas sus garantías del artículo 19 de la Constitución numeral 1, 3 y 24.

Corte de Iquique señaló que la actuación administrativa denunciada se encuentra debidamente justificada y fue realizada en el marco de sus competencias.

Corte de Santiago indicó que la pretensión de la actora debe ser ventilada en un proceso de lato conocimiento.

El actor contaba con calidad de subteniente al tiempo de verificarse la sanción de expulsión de la Escuela Institucional, de manera que correspondía iniciar un sumario administrativo para determinar su eventual responsabilidad en la conducta imputada.

Esto, por cuanto no se configuraba ninguna de las causales específicas de procedibilidad de tutela contra providencias judiciales.