El fallo del Tribunal de alzada estimó que, en ese orden de ideas, no obsta la falta de invocación oportuna por parte la demandante, la cual omitió solicitar el cobro solidario de las prestaciones en un primer juicio en su favor.

La gestión pendiente incide en autos sobre demanda de tutela laboral deducida contra la requirente por un trabajador a contrata, en tramitación ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

La Corte de Concepción señaló que, de los antecedentes que obran en la causa se desprende que el hecho de haber formulado la autoridad competente el requerimiento en contra de la recurrente por el delito contemplado en el artículo 69 del Decreto Ley 1094 consistente en el ingreso irregular al país; para luego desistirse de él y luego decretar su expulsión requiere de una carga argumentativa superior.

La Corte de Santiago afirma que para que proceda la expulsión de un extranjero que haya ingresado de manera clandestina a nuestro país, se requiere de una sentencia firme que establezca la comisión de dicho ilícito y que imponga la pena correspondiente, para luego tomar tales atribuciones administrativas.

Los recurrentes estimaron vulnerados sus derechos garantizados en los numerales 2, 3 inciso 5 y 4 del artículo 19 de la Constitución.

El máximo Tribunal estimó que la autoridad recurrida se encontró legalmente facultada para no renovar los servicios a contrata del actor.

La recurrente considera vulnerado su derecho a la igualdad ante la ley, igual protección de sus derechos y su derecho de propiedad.

La Corte considera que lo solicitado es ajeno al recurso de amparo.

El recurrente estimó vulnerada su garantía constitucional del derecho de propiedad.

La propuesta, ingresada hoy a trámite legislativo por el Ejecutivo, fue analizada por la Comisión de Hacienda y luego ratificada por la Sala por contundente apoyo.