La decisión recurrida por vía de amparo fue adoptada por el Juzgado competente, en el ejercicio de sus atribuciones y potestades jurisdiccionales, en audiencia pública, a solicitud del amparado y con oposición del Ministerio Público.
La cirugía de próstata con tecnología robótica constituye la mejor alternativa terapéutica en cuanto a que disminuye los riesgos de morbilidad post-operatoria; pero no representa la única solución para la patología que presenta el paciente. Por otro lado, se trata de una “cirugía programada”, lo que determina la inexistencia del “peligro en la demora” en el reconocimiento del derecho invocado por el asociado.
Procede la denominada “cláusula de dureza” al no haberse acreditado la alegación del demandante relativa a haber cumplido con el pago de la pensión de alimentos, por lo que se infiere que no ha cumplido con la obligación.
No consta que en tales reuniones se hubieren requerido u obtenido decisiones que deban registrarse de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Lobby, por lo que la Contraloría General emitirá nuevas instrucciones sobre la materia.
El fiscal general cuestionó el testimonio del testigo que acusó al hombre que ya había sido detenido, el cual siempre alegó su inocencia. En una de las audiencias, el testigo confesó haber recibido instrucciones erróneas del agente de policía encargado de la investigación antes de identificar a los sospechosos del crimen.
Prohíbe los experimentos en animales vivos con el propósito de realizar actividades de investigación, fabricación o comercialización de productos cosméticos, de higiene o de odorización personal.
No hizo esfuerzo en una restauración de tipo moral para con los perjudicados, singularmente con las personas físicas que carecen del más mínimo conocimiento del funcionamiento de la justicia y confían plenamente en quienes, desde su posición procesal, la administran.
El ejecutante no pudo acreditar gestiones útiles durante un lapso de tres años. Asimismo, no procede que justifique su inacción en el estado de emergencia decretado por la crisis sanitaria, debido a que las últimas gestiones vinculadas al cobro se realizaron en 2017, casi tres años antes de la vigencia de la Ley N°21.226.
Sostenedores de establecimientos técnico profesional son responsables del resguardo de la integridad de los alumnos que realizan este proceso necesario para la obtención del título de técnico nivel medio.
La autoridad máxima del municipio no podía dictar el acto de adjudicación en favor del oferente demandante con la sola proposición de la Comisión Evaluadora si el Concejo rechazó la propuesta del Alcalde. De ser ello así, la facultad de adjudicar quedaría entregada y radicada única y exclusivamente en el Alcalde y significaría que el Concejo Municipal quedaría privado de la facultad conferida por la propia Ley de Municipalidades de aprobar o rechazar la proposición alcaldicia.
