El Tribunal estableció que la demandada no justificó la desvinculación de la trabajadora debido a la baja sostenida de las operaciones e ingresos que habría registrado la empresa por la emergencia sanitaria provocada por el covid-19.

La inscripción es requisito, prueba y garantía de la posesión de un inmueble, por lo que su ausencia obsta la adquisición de su dominio.

El proceso se ha extendido por 12 años, los demandantes alegan que la venta fue forzada -por un precio equivalente a un tercio del valor real de la colección-, como parte de la campaña de la Alemania nazi para perseguir a la población judía y confiscar sus bienes.

Se encuentra acreditada la responsabilidad objetiva del Estado, ya que es dueño del hidrante en mal estado que provocó el accidente.

La detención de la menor se realizó haciendo un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza que vulneró sus derechos a la libertad personal y a la seguridad individual protegidos por la Constitución y la Convención sobre los Derechos del Niño.

La gestión pendiente incide en proceso penal seguido ante el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago.

Los daños a la actora derivaron directamente de un accidente vascular que el Hospital no trató de forma oportuna.

Debe prevalecer el principio de la realidad familiar, al haberse probado que el niño se encuentra plenamente integrado al grupo familiar al haber vivido allí desde sus primeros días de vida

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

El tribunal estimó que el actor se enfrentó a un hecho fortuito.