El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia atacada, dictada por la Corte de Apelaciones de Rancagua, que acogió la acción y ordenó a la contratista pagar al municipio la suma de $8.440.145 de indemnización de perjuicios por concepto por daño emergente.

El máximo Tribunal estableció yerro en las resoluciones que denegaron la solicitud, solo por la edad del hijo de la solicitante, sin considerar que el menor manifestó su voluntad de cambiar de apellido ni el principio de autonomía progresiva que consagra la Convención de Derechos del Niño.

El máximo Tribunal estableció la improcedencia del recurso al estar dirigido en contra de hechos no asentados o establecidos por los jueces de fondo.

El Tribunal de alzada ratificó la sentencia que condenó a Pedro Espinoza Bravo, Juan Morales Salgado y Ricardo Lawrence Mires a 10 años de presidio como autores del delito.

Fue Valerio Máximo, retórico del siglo I, bajo el imperio de Tibrio, quien lo reflejó en la obra «Los nueve libros de los ejemplos», la primera mujer que ejerció la profesión de advocatis se llamó Amesia Sentia, en año 77 antes de nuestra era, y lo hizo en una sola ocasión: para defenderse a sí misma.

El requirente estima que la normativa impugnada infringe el principio de publicidad, afectando sus garantías de igualdad ante la ley y debido proceso.

Lo anterior, dado que la ilegalidad se materializa periódicamente.

No se advierte la existencia de hechos constitutivos de una acción u omisión arbitraria, en tanto la recurrida ejerció una atribución legal en una materia de su competencia.

La instalación del cerco disminuyó el ancho del camino de servicio, impidiendo el ingreso de vehículos a los predios ubicados en el sector.

Incumple el mandato de taxatividad que dispone la Constitución.