Además, aumenta la pena del delito de amenazas e injurias proferidas en contra de las Policías.
No hay elementos de contradicción entre las declaraciones analizadas, los antecedentes documentales y periciales que permiten configuran los hechos y circunstancias que establece la sentenciadora.
No es necesario que se limiten derechos fundamentales para que las empresas concesionarias puedan cobrar a sus deudores, toda vez que existen procedimientos jurisdiccionales que permiten el cobro de las multas por actos relativos al dispositivo TAG.
A pesar de no resolver el recurso impetrado la Dirección precisa que carece de facultades para extender la aplicación de los procedimientos de negociación colectiva a los grupos negociadores, por lo que el dictamen 810/15 del 2022 tiene plena vigencia respecto de lo consultado.
Asimismo, contempla una sanción penal para el propietario que, con el objeto de aprovechar indebidamente este beneficio, realice una denuncia falsa.
El artículo 13 de la Ley 18.603 que regula los símbolos de los partidos políticos, solo establece una limitación a la igualdad o manifiesta semejanza de los logos de las colectividades, por lo que aquel precepto no prohíbe la similitud objetada por el Partido Humanista.
Encontrar casi cuarenta razones autónomas para atacar una sentencia que resuelve el asunto en siete páginas, es sencillamente sorprendente.
La moción fue respaldada por los senadores, quienes calificaron como “una suerte de abuso” entregar esta responsabilidad a los alumnos que requieren prácticas profesionales. En esa línea, cuestionaron el rol que muchas veces asumen los casas de estudio que imparten carreras de la salud.
El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso al no acompañar la recurrente sentencias de contraste real.
El máximo Tribunal descartó error en la sentencia que aplicó la agravante de la alevosía en la calificación del delito.
