El Tribunal de alzada descartó actuar arbitrario de la parte recurrida al anular los permisos en cumplimiento de dictamen de la Contraloría General de la República.
El Tribunal de alzada descartó error en la sentencia impugnada, dictada por el 5° Juzgado Civil de Santiago, que rechazó la demanda al no identificarse en la especie las franjas de terrenos en los que procedería el cobro reclamado.
El Tribunal acogió parcialmente la demanda, tras establecer la responsabilidad del nosocomio por falta de servicio.
La entidad bancaria infringió sus deberes de resguardo respecto de los fondos de propiedad de la recurrente, vulnerando su derecho de propiedad.
Carece de justificación la segunda fiscalización realizada al actor, en vista que el funcionario conocía el motivo de su traslado, y su comportamiento se ajustaba a la actividad descrita en su permiso colectivo de tránsito.
Las recurridas demoraron más de un año y medio en la tramitación, iniciándose gestiones de cobranza judicial.
La señalización sobre el peligro de tránsito existente en el lugar eran insuficientes para advertir que éste no se encontraba en óptimas condiciones para todo tipo de peatón.
La justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo.
El actor realizó gestiones con la clara intención de beneficiar a su hija en la labor que realiza en su lugar de trabajo.
En el actual contexto, el abandono del procedimiento sólo es procedente si el término de seis meses se contabiliza a la luz de la Ley 21.226, cuestión que no aconteció en la especie.
