Pese a su entrada en vigor el pasado 22 de abril, el Acuerdo de Escazú persiste en polarizar como raramente observado a las opiniones públicas en varios Estados de América Latina y del Caribe, cuyos decisores políticos siguen indecisos en aprobar este innovador acuerdo regional.
Lo mismo ocurre con la revisión de los hechos asentados en el fallo impugnado.
La sentencia declaró que los Estados «tienen el deber de regular y fiscalizar toda la asistencia de salud prestada» de forma pública o privada.
El requerimiento se efectuó por el Diputado Jaime Naranjo Ortiz.
Los razonamientos del sentenciador deben observar claridad, congruencia, armonía y lógica.
Tras las elecciones que se realizaron el pasado domingo 21 de noviembre en donde los candidatos José Antonio Kast y Gabriel Boric obtuvieron 27,91% y 25,83% de los votos respectivamente, la mesa directiva del órgano Constituyente declaró que no les corresponde analizar resultados electorales, puesto que su tarea es enfocarse en escribir una Nueva Constitución.
Lo anterior, en virtud de las medidas especiales adoptadas por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social al respecto.
Tras una segunda petición para reunirse con la Convención, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) se presentará ante los constituyentes el próximo 27 de diciembre para discutir temáticas relacionadas al empresariado en la Nueva Constitución.
El Tribunal de alzada ratificó el fallo del 14 Juzgado Civil de Santiago que acogió la demanda.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia apelada, dictada por el Primer Juzgado de Policía Local de La Serena, con declaración que se aumenta el monto de indemnización por daño moral que la demandada deberá pagar la suma total de $4.500.000, manteniendo en 10 UTM el pago de la multa a beneficio fiscal.
