El recurrente estimó vulneradas su garantía constitucional del derecho de propiedad.
La Corte de Temuco estimó que la recurrida dio cabal cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria que lo rige.
La decisión fue acordada con el voto en contra del Abogado Integrante Provoste, quien fue del parecer de rechazar la resolución apelada.
El máximo Tribunal señaló que la negativa de los recurridos a proporcionar un medicamento indispensable para la integridad física de la menor, en base de consideraciones de índole económica, incurren en un acto arbitrario.
El máximo Tribunal indicó en su sentencia que la actual acción de cautela de derechos constitucionales se dedujo extemporáneamente, en vista de lo cual corresponde confirmar la decisión en alzada, por este motivo.
El órgano contralor concluyó que en la medida que se cumpla con dicho requisito, le asistirá el derecho a continuar cotizando para ello y, por ende, a obtener ese beneficio una vez que cese en su actual desempeño.
El máximo Tribunal estimó que el informe psicosocial de Gendarmería de Chile, elaborado en cumplimiento de la normativa legal aplicable, no resulta suficientemente categórico para demostrar que el amparado no presenta «avances en su proceso de reinserción social» al momento de postular a la libertad condicional.
Se estimó que aparece de manifiesto que en el libelo interpuesto en autos se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.
Se estimó que aparece de manifiesto que en el libelo interpuesto en autos se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.
Recurrente estimó vulnerada la garantía establecida en el artículo 19 número 2.
