El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de la prestadora privada de salud al aplicar el alza.
La decisión fue adoptada con el voto en contra del Ministro García.
Los recurrentes adujeron haberse vulnerado el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, el derecho a la protección de la salud y el derecho a un medio ambiente libre de contaminación.
La decisión fue adoptada con el voto en contra del Ministro Muñoz.
La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Aróstica y Romero, quienes estuvieron por declarar admisible el requerimiento.
La Corte de San Miguel sostuvo en su oportunidad que no se visualiza infracción al derecho a desarrollar una actividad económica legítima por parte de la recurrida.
La ejecutiva bancaria le habría sugerido al estudiante mentir al banco informándole que su domicilio estaba ubicado en Santiago oriente, y no en el centro, donde realmente queda.
La Resolución impugnada no haría más que repetir las medidas propuestas por el CMN y recogidas por la RCA.
El actor consideró vulneradas sus garantías constitucionales a la integridad física y psíquica.
La gestión pendiente incide en autos penales, seguidos antes el Juzgado de Garantía de Calama.
