El texto, aprobado hoy en particular por la Cámara, establece sanciones penales y altas multas a quienes, sin autorización, extraigan, usurpen o contaminen aguas en el país. Además, propone penas de cárcel de hasta 15 años si se ocasiona daño en el medio ambiente o se pone en riesgo la salud de la población.

El Tribunal de alzada estableció el actuar ilegal del servicio público, al desconocer la filiación de la causante, por no haber sido reconocida en forma expresa por su madre, la abuela de la recurrente.

El Tribunal de alzada redujo a la mitad la multa por 500 UF, aplicada a la profesional, manteniendo las demás sanciones, como la cancelación de inscripción que le permitía la atención de pacientes del Fonasa.

El Tribunal estableció la responsabilidad del Estado por la falta de servicio que redujo drásticamente las posibilidades de sobrevivencia del paciente.

La norma impugnada se revela abusiva desde la perspectiva del órgano de la Administración.

El ejercicio de la libertad de expresión no tiene un carácter absoluto, sino que reconoce como límites el respeto de otros derechos.

La recurrida cumplió con la entrega del informe gratuito.

El requirente interpuso una querella en contra de una persona por falsificación y uso malicioso de la tasación para obtener un crédito hipotecario.

Los empleadores tienen prohibido solicitar exámenes médicos que no tengan relación con la función que los trabajadores deben desempeñar.

El Pleno emitirá pronunciamiento en control preventivo y obligatorio sobre la constitucionalidad de las normas que regulen una materia propia de ley orgánica constitucional.