En la especie, al acoger el incidente y declarar el abandono del procedimiento se configuró una infracción a la norma del artículo 152 del Código de Procedimiento Civil.
El artículo 25 de la Ley N°19.880 se aplica durante toda la sede administrativa, es decir, hasta antes de la judicialización del proceso, cuestión que incluye el cómputo de los plazos para presentar los recursos que procedan en sede jurisdiccional.
El actor sostiene que se interpreta incorrectamente el plazo dispuesto en el inciso segundo del artículo 160 de la Ley N°18.843.
Su intervención fue requerida por el infractor como consecuencia de la sanción que le fue aplicada por la Dirección Regional, motivo por el cual, su resolución se encuentra limitada a las peticiones formuladas en el reclamo, a las que debe ajustarse.
Las entrevistas realizadas durante los procesos no vulneraron la ley N°19.980, siendo irrelevante los actos anteriores y posteriores de los participantes y seleccionados.
El ejercicio de la potestad revocatoria debe respetar las situaciones jurídicas anteriores a la emisión del acto administrativo revocatorio, por cuanto la validez del acto revocado hace que la revocación solo opere hacia el futuro.
El artículo 69 de la Ley General de Servicios Eléctricos establece taxativamente las partidas a indemnizar.
De lo contrario, el acto administrativo es nulo por vulnerar la norma expresa que al respecto establece el artículo 148 del Estatuto Administrativo Municipal.
La información sobre el nivel remunerativo, el grupo ocupacional y, en general, aquella que tenga relación con las funciones que desempeña un funcionario, gozan de interés público, por lo que no corresponde impedir su divulgación.
Al Gerente General le corresponde proporcionar a los accionistas y al público, las informaciones suficientes, fidedignas y oportunas que la ley y, en su caso, la Superintendencia determinen respecto de la situación legal, económica y financiera de la sociedad.
