La requirente estima que los preceptos legales impugnados vulneran las garantías constitucionales del debido proceso y la no discriminación arbitraria.
Además, la decisión no resultó arbitraria, pues se fundó en el mal desempeño de la actora.
Mientras exista reclamación administrativa pendiente contra la misma entidad licitante, el Tribunal debe inhibirse de conocer la impugnación por el mismo asunto. No resulta posible intentar dos reclamaciones en forma paralela, aunque se hayan impetrado ante organismos diferentes.
La antigüedad en la promoción del actor se estableció en base a las normas legales que regulan los encasillamientos a contar del año 2003.
Aun cuando se puede cuestionar la conclusión de la judicatura, dicho yerro no tuvo influencia en lo dispositivo de la decisión.
Los sentenciadores al acoger la excepción de incompetencia aplicaron lo establecido en el contrato respecto a su ejecución, lo cual es ley para los contratantes y no puede ser desconocido a través de esta instancia.
No existe un actuar ilegal o arbitrario por la entidad edilicia, toda vez que ejerció las herramientas legales dispuestas frente al incumplimiento, sin que se acreditara una conducta abusiva de su parte.
El Tribunal de alzada descartó actuar arbitrario de la autoridad sanitaria al disponer la medida en resguardo de la salud de la población en general.
El razonamiento que llevó a los sentenciadores a revocar el fallo de primer grado no se relacionó con la valoración de los elementos de convicción a la luz de las reglas de la sana crítica sino que estriba en establecer si las disposiciones invocadas por los actores podían ser invocadas para reclamar la responsabilidad infraccional y civil que asistía a la referida entidad educacional.
La magistrada aceptó los argumentos del organismos persecutor y querellantes, por estimar que se debe priorizar el interés público por esclarecer los hechos, sobre otras consideraciones, concediendo la autorización judicial para la toma de muestra de cabellos, la que será llevada a cabo, luego de la coordinación de la Fiscalía con la defensa del imputado.
