La reclamante no incurrió en la infracción que se le imputó, por lo que la recurrente impuso una sanción administrativa sin que se haya verificado la existencia de contravención normativa alguna que le sirva de sustento.
La medida fue impuesta como parte de una investigación administrativa, que busca verificar irregularidades en la emisión de bonos por consultas que no se realizaron.
El emisor no puede alegar desconocimiento del reclamo, ya que la plataforma provee los medios para acceder a dicha información.
El recurrente no fue informado respecto a su calidad de imputado en la investigación, ni sobre su derecho a contar con la asistencia de un abogado de confianza durante los interrogatorios.
La nueva normativa regula el ataque a la integridad de un sistema informático, el acceso e interceptación ilícita, el ataque a la integridad de los datos informáticos, la falsificación informática, la receptación de datos informáticos, el fraude informático, el abuso de los dispositivos, entre otras materias sustantivas y procesales.
No basta con el mero resultado de la prueba genética que probó el vínculo filial entre las partes para acreditar la culpa del progenitor, sino que es imperioso que omita voluntariamente el reconocimiento del niño.
El 2018 la Corte de Apelaciones dejó sin efecto la medida cautelar de arraigo nacional en su contra.
No resulta compatible con las exigencias de racionalidad y justicia negar la posibilidad de que la decisión sea revisada por un tribunal superior.
Las solicitudes de bonificación o exigencias de mayor cobertura, deben ser vistas en un procedimiento adversarial que garantice los derechos de ambas partes.
Por hechos derivados de contiendas familiares, el recurrido cortó el agua a los actores, hecho que vulneró los derechos a la vida y a un debido proceso de los recurrentes.
