La Magistratura constitucional colombina adujo esto, particularmente, respecto al término para presentar las querellas, por desconocer los derechos de las víctimas, incluido el derecho fundamental del acceso a la administración de justicia.
El Tribunal estableció que el trabajador justificó las ausencias que motivaron su despido con una licencia médica emitida por 11 días de reposo, la cual fue recepcionada por el empleador.
El Tribunal de alzada descartó que la resolución sancionatoria se haya adoptado con infracción legal.
El Tribunal de alzad no hizo lugar a la acción cautelar por extemporánea y, además, descartó actuar ilegal o arbitrario de las recurridas.
La obra será presentada por José María Rodríguez de Santiago, Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Catedrático de Derecho Administrativo de esa misma casa de estudios.
El Tribunal de alzada revocó la sentencia impugnada, dictada por el Segundo Juzgado Civil de Santiago, que había rechazado la demanda, tras establecer que en la especie se encuentra probado el daño moral causado por la demandada al continuar, negligentemente, con la ejecución del cobro.
El máximo Tribunal estableció que en la especie no corresponde acoger la prescripción de la acción incoada.
La decisión se adoptó, luego de una indagación preliminar realizada por el entonces ministro Carlos Gajardo Galdames, -luego de recibir una denuncia del Colegio de Abogados- que abarcó el periodo comprendido entre los años 2014 y 2019, donde se detectó el reiterado nombramiento de jueces árbitros y de actuarios en procesos en los tribunales investigados.
La iniciativa lesiona la autonomía universitaria, pone en riesgo el derecho a la educación, vulnera el derecho de propiedad y la igualdad ante la ley, señala.
Esto, a propósito de consulta de una comunera e integrante de la Asociación Indígena Aymara Laguna de Huasco, que reclamaba la falta de consulta indígena en la tramitación de dicho decreto.
