Se estimó que en la presentación efectuada en estos autos, no aparece que se hayan mencionado hechos que eventualmente puedan constituir una vulneración a las garantías constitucionales indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

La recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.

El recurrente estimó que se infringió el derecho a la vida e integridad física y psíquica de la persona y el derecho de igualdad ante la ley.

La recurrente estimó vulnerada su garantía constitucional a la igualdad ante la ley.

Correspondía a la denunciante aportar los antecedentes para tener por suficientemente acreditada la práctica antisindical denunciada.

Durante seis meses, el trabajo in situ del mecanismo permitió mantener informada a la comunidad internacional sobre los desenvolvimientos de esta crisis de derechos humanos.

Se dedujo también demanda de nulidad de despido y despido injustificado. El tribunal estimó que todas las peticiones tenían su sustento en la existencia de un contrato de trabajo, por lo que procedía el rechazo de todas ellas.

El recurrente alegó que fueron conculcadas las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 N°1, 2,3 inciso 5°, 4, 11 y 24 de la Constitución Política de la República.

El máximo Tribunal trasandino sostuvo que lo resuelto por el superior tribunal de la provincia afecta de modo directo e inmediato el derecho al debido proceso adjetivo.

La decisión de remitir los antecedentes al Tribunal de base fue acordada con el voto en contra de las Ministras Chevesich y Muñoz.