El documento indica que estos contratos no tienen regulación en el Código Civil y Comercial argentinos, mientras que los contratos electrónicos la tienen, pero no como un tipo específico.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expuso que el actuar del Estado fue profundamente discriminatorio.
El órgano contralor indicó que la solicitud que se atiende no da cuenta de alguna irregularidad en dicha actuación que amerite un pronunciamiento.
La gestión pendiente incide en recurso de nulidad, de que conoce la Corte de Apelaciones de Temuco.
La Corte de Santiago indicó que existió un acto ilegal y arbitrario de parte de la recurrida.
La gestión pendiente incide en autos de apelación de incidente, de que conoce la Corte de Copiapó.
El máximo Tribunal concluyó que fluye la ilegalidad de la actuación de la recurrida, puesto que se declaró terminado el vínculo estatutario sin cumplir con el presupuesto legal del artículo 72 bis de la Ley Nº19.070.
Recurrente estimó vulneradas las garantías establecidas en el artículo 19 número 1, 16, 23 y 24 de la Constitución.
El recurrente estimó vulneradas su garantía constitucional del derecho de propiedad.
La Corte de Temuco estimó que la recurrida dio cabal cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria que lo rige.
