La recurrida solicitó el pronunciamiento al ISP por tener dudas razonables de tratarse de un producto farmacéutico.
El beneficio que proporciona la medida respecto de la reducción de los contagios es muy superior al sacrificio que comporta la exigencia de presentar la documentación para el acceso al local.
Eximió, además, a Fernández Pineda del pago de las costas de la causa por haber sido representado por la Defensoría Penal Pública y no haber sido totalmente vencido, rechazando también sancionarlo con la accesoria de suspensión de cargo u oficio público.
Existen antecedentes suficientes que indican la existencia de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil como consecuencia de una política del Estado, en el sentido de los artículos 7.1 y 2.a del Estatuto de Roma.
El precepto legal produce una situación de trato discriminatorio que no se sustenta en fundamentos de razonabilidad.
La resolución que concede el apremio no es apelable, por lo que la deniega debe ser también apelable para que el Tribunal de Alzada pueda pronunciarse y revertir lo resuelto por el juez a quo.
La recurrida alegó que dichos procedimientos y sus consecuencias no estaban cubiertas por la póliza de seguro.
La recurrida había dado término anticipado y unilateral al vínculo contractual con la actora, alegando que no informó sus patologías previas.
El acusado se comprometió a realizar ochenta horas de trabajos de utilidad pública, no remunerados y a asistir al Taller dictado por el Museo del Holocausto.
El actor prestó servicios a la recurrid por más de 12 años.
