Ello por la responsabilidad de los 11 ex agentes en los delitos de asociación ilícita y secuestro calificado reiterado, ilícitos perpetrados en 1975 y 1976, respectivamente.
El máximo Tribunal rechazó el recurso de casación en contra de la sentencia que acogió la demanda.
El Tribunal estableció la responsabilidad de la empresa por las faltas en las condiciones de seguridad de la vía, lo que provocó el accidente.
El máximo Tribunal consideró que hubo actuar arbitrario de la entidad bancaria al no devolver el dinero pese a que la clienta advirtió el fraude.
La Corte de Rancagua indicó en síntesis que no se observó que haya existido ilegalidad o arbitrariedad en la dictación de la resolución reclamada.
La recurrente estimó vulnerado las garantías establecidas en el artículo 19 numerales 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.
La Corte de Punta Arenas estimó que el recurso deducido no es la vía idónea para resolver el asunto.
La gestión pendiente incide en autos sobre reclamación tributaria, seguidos ante la Corte Suprema por casación en el fondo.
La Corte indicó que se produjo una afectación de la garantía de igualdad ante la Ley de la recurrente.
La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Aránguiz.
