Norma que faculta al Ministerio Público a no perseverar en un proceso penal en el contexto de violencia intrafamiliar, se impugna ante el Tribunal Constitucional.
Se le niega al querellante su derecho constitucional a solicitar la tutela judicial efectiva en un conflicto penal y se le desconoce su derecho a accionar penalmente de manera eficiente.