En la sentencia, el juez estableció la responsabilidad de la recurrida por la negligencia y falta de servicio en que incurrieron tanto en el hospital de Galvarino como en el de Lautaro, al no haberse ordenado la hospitalización inmediata de la paciente.
El Tribunal de alzada descartó actuar arbitrario o ilegal de la recurrida, al denegar el beneficio solicitado por un condenado por un crimen de lesa humanidad.
AFUNPRO propone que el texto constitucional debe garantizar el acceso a la justicia como derecho fundamental, por ser una de las obligaciones principales del Estado, asegurando el respeto de los derechos humanos de todas las personas sin distinciones de ninguna especie. Así mismo, el texto debe reconocer un derecho general a la tutela judicial efectiva, con todas las obligaciones que para el Estado importa, y una garantía del debido proceso, que comprenda tanto el proceso civil como el proceso penal.
La Comisión de Minería y Energía también abordó la investigación que realiza el Ministerio Público por tráfico de influencias en el Ministerio de Energía en el marco de la tramitación de la ley de estabilización de los precios de la electricidad.
La Comisión de Salud se encuentra analizando la moción de los senadores Castro González, Chahuán, Flores, Macaya y Kast, que limita el ejercicio de estas intervenciones a médicos cirujanos acreditados que laboren en un centro médico debidamente equipado.
La intervención de los jueces, estuvo ajustada al procedimiento legal correspondiente y la defensa hizo uso del derecho legalmente establecido, de apelar de la resolución que mantuvo la medida cautelar. Ministro Samuel Muñoz previno que no corresponde que una Corte revise lo resuelto por otra Corte de Apelaciones; y constituye una distorsión al sistema jurídico, que se alegue, bajo el pretexto de una acción de amparo, los argumentos de fondo respecto de la revisión de una medida cautelar personal.
Una nueva citación desde la libertad sería infructuosa, demorando innecesariamente el procedimiento penal, y dicha decisión se encuentra amparada en lo previsto en el inciso 4 del artículo 127 del Código Procesal Penal.
Si bien el artículo 348 del Código Procesal Penal exige el cumplimiento parcial de doce horas de privación de libertad para ser considerado como un día de abono, no señala que dicho lapso deba ser cumplido dentro de un mismo día, lo que permite se sume el total de horas de privación de libertad cumplidas, las que luego deben fraccionarse en períodos de doce horas a fin de determinar el número de días totales de abono.
El estrés sufrido por la actora como consecuencia del bullying del cual fue víctima operó como el disparador o desencadenante de una patología crónica que hasta ese momento no reconocía antecedente alguno.
Su infracción no sólo perjudica al acusado, sino que a la sociedad en su conjunto ya que deteriora las condiciones de producción de la prueba que minimizan la posibilidad de error en la decisión judicial. Se autorizó la incorporación de prueba nueva en términos diversos a la solicitud del Ministerio Publico, y los testimonios no estuvieron a disposición de la defensa en forma previa lo que vulnera el derecho a la defensa.
