Sin perjuicio de ello, el órgano contralor ordena a la institución informar respecto del eventual pago de dicha asignación que sí se habría realizado a algunos oficiales en igual situación.
La demandante denunció la vulneración de la libertad de trabajo y de contratación y el derecho al honor.
Los hechos del caso se vinculan con la presunta administración infiel de los recursos de un organismo descentralizado de la administración pública nacional argentina.
La recurrente consideró vulnerado su derecho a la vida, y a la integridad física y psíquica.
La gestión pendiente incide en autos sobre medidas cautelares, seguidos ante el Juzgado de Familia de Pudahuel.
La instancia escuchó los planteamientos del director nacional de Senda; del presidente del Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria (Conar); y de representantes del departamento de salud mental del Minsal.
El máximo Tribunal señaló que no resulta demostrada la necesidad de la cautelar decretada, razón por la cual se ve afectada la libertad personal del recurrente.
Los derechos que se estimaron vulnerados son la vida e integridad física y psíquica, y la indemnidad.
La gestión pendiente es un recurso de protección de que conoce la Corte de Santiago.
El llamado fue realizado por la Sociedad Chilena de Infectología de Chile en el contexto de la investigación que realiza el grupo parlamentario en torno a las actuaciones del Ministerio de Salud y otros organismos públicos frente a la crisis que afecta a Chile en el tratamiento del VIH-Sida, desde 2010 a 2018.
