El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario de la autoridad ministerial al denegar el beneficio a penado que cumple con todos los requisitos para su otorgamiento.
Proceso tuvo como objetivo verificar si existe información abierta que posibilite el acceso a la ciudadanía a detalles del procedimiento y la forma en que se implementa la normativa en establecimientos de la red pública de salud.
La Comisión de Hacienda aprobó una serie de normas de su competencia entre las que se contemplan las multas a quienes infrinjan las disposiciones contempladas en esta iniciativa.
El octavo traspaso de mando desde 1990 se realizará este viernes 11 de marzo a las 12 horas, en el Salón de Honor del Congreso Nacional y trae algunas modificaciones en atención a los protocolos sanitarios.
Contará con la participación de los convencionales constituyentes Felipe Harboe y Cristina Dorador; el diputado brasileño y promotor de la ley de protección de datos en su país, Orlando Silva; y el director adjunto de Derechos Fundamentales y Estado de Derecho de la Comisión Europea, Bruno Gencarelli. Además contará con la presencia de la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros; del embajador de la Unión Europea en Chile, León de la Torre Krais; y del próximo Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario del municipio al no permitir a la recurrente adelantar el cierre sobre espacio de uso público por razones de seguridad, que si permitió a otros vecinos del sector.
La norma dispone que los dineros no cobrados oportunamente por los partícipes de fondos mutuos o de inversión, o por sus causahabientes, serán destinados a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile.
La reclamada actuó dentro del ámbito de sus atribuciones al aplicar la sanción y de conformidad a la normativa vigente.
La ilegalidad de la omisión se funda en la contravención del artículo 5° de la Constitución, que obliga al Estado a respetar y promover los derechos esenciales de la persona humana.
No existe acto ilegal que se pueda imputar a la recurrida y la resolución impugnada se encuentra debidamente fundamentada ajustándose a derecho.
