El texto busca medidas que permitan a los funcionarios de estas instituciones, conciliar sus labores y responsabilidades de trabajo con la vida familiar.
El texto solicita al Ejecutivo establecer un procedimiento, con un límite mayor al establecido por ley, que posibilite la donación a fundaciones o corporaciones destinadas a este fin.
La instancia también rechazó una indicación del Ejecutivo que permitía a los médicos recetar medicamentos de marca cuando no estuviera comprobada la bioequivalencia del genérico.
La recurrente estimó vulneradas las garantías constitucionales a la honra, al debido proceso, a ejercer libremente actividades económicas y a la propiedad.
Frecuentemente, la mirada se enfoca en el comportamiento del agresor para determinar su imputabilidad, y no se estudia con detenimiento el daño psíquico y secuelas que la violencia genera en la víctima.
Se estimó que aparece de manifiesto que en el libelo interpuesto en autos se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.
La gestión pendiente incide en autos sobre denuncia por tutela de derechos fundamentales, seguidos ante el Juzgado de Letras y Garantía, con competencia en Familia de Cabrero.
El recurrente estimó vulneradas las garantías a la igualdad ante la ley; a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos; entre otras.
La Fiscal De Orúe concurrió a la decisión de anular el fallo, pero fue de opinión de que fuera la Corte quien dictara la sentencia de reemplazo.
Planteada la acción de inconstitucionalidad, le corresponderá al Tribunal Pleno decidir sobre su admisión a trámite y posterior admisibilidad, para luego emitir un pronunciamiento sobre el fondo.
