En junio de 2015, la SMA abrió el procedimiento sancionatorio contra las empresas, formulándoles un cargo por el fraccionamiento del proyecto Hacienda Batuco. En julio del mismo año las empresas presentaron un programa de cumplimiento ambiental, el que fue aprobado por el ente fiscalizador. Sin embargo, transcurridos tres años, la SMA declaró su incumplimiento, reiniciando el procedimiento sancionatorio.

La ministra vocera de la Corte Suprema y coordinadora del equipo de trabajo del Poder Judicial, Gloria Ana Chevesich, explicó que estas gestiones se promueven teniendo presente «el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, por lo que resulta necesario generar la posibilidad cierta que se cautelen los derechos de los alimentarios, incluso de oficio, por los tribunales de Familia del país».

El Tribunal de alzada no hizo lugar a los recursos deducidos por la Fiscalía, el querellante familia Luchsinger Mackay y la Intendencia Regional de La Araucanía, tras descartar que la sentencia impugnada se dictara con vicios legales.

El Tribunal de alzada consideró que está en riesgo el derecho a vivir en un medio ambiente libre de la contaminación en el sector de Puntra.

El máximo Tribunal mantuvo la sentencia que estableció la negligente atención brindada en el servicio de urgencia a paciente de 79 años de edad, que fue dado de alta con calmantes, sin practicar los exámenes que habrían podido detectar que la caída que sufrió en la ducha le provocó la fractura de ocho costillas.

El Tribunal de alzada acogió la acción judicial, tras establecer el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida.

El tribunal de alzada estimó que, el artículo 292 inciso 3° del Código del Trabajo, no contempla elemento alguno que autorice considerar que no resulta aplicable el plazo de sesenta días para presentar la denuncia, contados desde que se produzca, la práctica antisindical.

Se hace presente que el Ministro Pozo estuvo por acceder a la admisibilidad fundado en que el dilema de constitucionalidad generado en la especie, se vincula a los conceptos de tutela judicial efectiva, como se expresó en estrados, y el derecho a defensa.

El máximo Tribunal indicó que, disponer el alejamiento temporal de un funcionario amparado por fuero gremial, implicó un desconocimiento del estatuto especial que rige la materia.

El proceso sancionatorio debe garantizar en todo momento los principios del debido proceso.