La Comisión de Constitución aprobó una iniciativa refundida que modifica el Código Penal con el propósito de establecer una circunstancia agravante de la responsabilidad criminal en el caso de delitos cometidos contra dirigentes de juntas de vecinos.
Los senadores Latorre, Provoste, Montes y Quintana señalan que los supuestos para la adopción de estas medidas responsabilizan a las propias escuelas y docentes, aparte de generar la expectativa que los alumnos estarían mejor en otro establecimiento.
El ente fiscalizador indicó que la deducción practicada en el finiquito de la recurrente, por concepto de «descuento sumario», no se ajustaría a derecho.
La gestión pendiente incide en recurso de casación en el fondo y la forma, de que conoce la Corte Suprema.
El principio de especialidad exige que los magistrados sean seleccionados en base a ciertas cualidades y experiencia y, a su vez, sustancialmente capacitados para abordar los delitos cometidos por adolescentes.
La reclamante fundó su recurso de nulidad en la causal del artículo 478 b) del Código del Trabajo.
La Comisión Médica Central había determinado que el recurrente padecía de una afección de origen natural, de pronóstico incurable y no invalidante.
La recurrente estimó vulneradas las garantías de propiedad y de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos.
La gestión pendiente incide en autos sobre tutela de derechos fundamentales seguidos ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en actual conocimiento de la Corte de Santiago, por recurso de nulidad.
La sentencia apelada se confirmó con declaración relativa al incremento que el ejecutado deberá pagar.
