Esta nueva normativa busca dar respuesta a problemas que ha generado la pandemia del denominado Codiv-19 en los procesos judiciales.
El Tribunal de alzada no hizo lugar a la apelación deducida y confirmó la resolución impugnada, que consideró el contexto de emergencia sanitaria que vive el país por la pandemia de covid-19, accediendo a la rebaja de las medidas cautelares que cumplirán Blu Rodríguez y Marín Lazo, en sus domicilios.
La ministra Sandoval y el ministro Llanos concurrieron a la aprobación de la sentencia razonando que el amparo económico no es un instrumento idóneo para dispensar protección al derecho a desarrollar una actividad económica lícita contemplado en el artículo 19 N° 21 inciso 1° de la Carta Fundamental.
El magistrado instructor consideró que los antecedentes aportados por Francia son suficientes para inculpar al ciudadano chileno en el delito cometido en la ciudad de Besancon, en diciembre de 2016.
El fallo señala que se acreditó que el recurrido mantiene en su propiedad una llave de paso, la cual haría perder el flujo de agua, circunstancia que ciertamente afectaría el derecho de propiedad sobre el aprovechamiento de las aguas.
En las actuales circunstancias, la posibilidad de trasladar a los imputado/as y condenado/as a sus domicilios y evitar los contagios, es una medida que va en favor de la seguridad de la sociedad, en su dimensión sanitaria, colaborando a los actuales y urgentes esfuerzos de las autoridades sanitarias nacionales por «aplanar» la curva de contagio.
En específico, le correspondió a la Corte determinar si el establecer una contribución que grava las condenas establecidas en laudos arbitrales de contenido económico, viola el mandato de trato igual y de equidad tributaria.
La Magistratura constitucional sostuvo que la aplicación del precepto legal, no supera un examen de proporcionalidad estricta.
La Corte de Santiago indicó que, el recurso perdió oportunidad, toda vez que no existe ninguna medida que pueda adoptar la Corte para resguardar los derechos de la actora.
La recurrente estimó que se vulneró su garantía del artículo 19 de la Constitución numeral 24.
