Recurrente estimó vulnerado su derecho a ejercer cualquier actividad económica.
El recurrente estimó vulnerado su garantía constitucional del artículo 19 en el numerales 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República.
La recurrente considera vulnerado su derecho a la libertad individual.
El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar deducida, tras establecer el actuar arbitrario de la recurrida.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que acogió parcialmente la demanda indemnizatoria.
Ante la instancia, también expuso el abogado constitucionalista Luis Silva, quien señaló que el reproche de inconstitucionalidad que está dirigido a la autoridad regional, «en realidad es un reproche al Decreto Supremo 1.086».
El texto resalta la situación económica compleja que deben vivir algunas familiar, dada las limitaciones para encontrar un trabajo formal, derivadas del necesario cuidado y atención que requiere el menor con discapacidad.
Además, existen propuestas que modifican la ley orgánica del Congreso Nacional y para imponer responsabilidad penal a las personas jurídicas por el delito de colusión y consagrar el comiso de las utilidades como sanción adicional.
El Tribunal rechazó el reclamo deducido por Salcobrand en contra de la resolución de multa por infracción a los artículos 11 y 506 del código del ramo, dictada por la Inspección Comunal del Trabajo de Providencia, en agosto del año pasado.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia que condenó a la demanda por no pagar tarifas pactadas con la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales para el uso de obras musicales en local Express de Líder, ubicado en calle Rancagua, comuna de Providencia.
