La medida se suma a la adoptada por el poder judicial de Misiones y Tucumán.
La decisión de prolongar la cuarentena más allá del periodo recomendado por la autoridad sanitaria torna la pena privativa de libertad en un mero castigo, toda vez que interrumpe la reinserción social que el bloque constitucional asigna a la pena.
El requirente estima que el precepto impugnado infringe los principios de legalidad y tipicidad, al reconducir el núcleo esencial de la conducta a una norma de rango infralegal.
El uso de cédulas secretas sin haber justificado razonablemente su aplicación, transgrede la libertad de expresión, el derecho a acceso a la información y participación activa en los asuntos públicos del Estado.
Pese a no ser la vía idónea, los Tribunales tienen la obligación de garantizar el acceso a agua potable a todos los habitantes, pues es un servicio básico esencial.
El máximo Tribunal dispuso que no se podrán efectuar obras de ningún tipo, mientras el proyecto en cuestión no cuente con una respuesta a la consulta de pertinencia que lo exima de someter las obras al sistema de evaluación.
Luego de siete meses desde las manifestaciones masivas, manifestantes continúan privados de libertad en recintos sin agua potable, con condiciones de hacinamiento y bajo medidas de aislamiento.
Se concluye que efectivamente hubo una deficiente atención en el post operatorio, no percatándose el equipo y personal médico a cargo de su recuperación de la complicación que la afectaba, sino hasta el día siguiente, alrededor de las 7 am, ignorando incluso sus propios protocolos, imputación que se tendrá presente al momento de la regulación de los daños.
El Tribunal de alzada descartó actuar arbitrario del CNTV al aplicar la sanción en el mínimo legal.
El máximo Tribunal desestimó el arbitrio especial al acompañar la recurrente sentencias de contraste no homologables a la materia que pretende unificar.
