El artículo 86 de la ley N° 20.529 permite concluir que prescripción y caducidad son dos instituciones diferentes, sometidas a plazos distintos, pero que conllevan a un mismo efecto en lo que concierne a la potestad sancionadora.

La requirente estima que los preceptos impugnados vulnerarían el debido proceso y la igualdad ante la ley.

No consta que los antecedentes que permitieran acreditar o no que las acciones denunciadas como acoso laboral, fuesen las que efectivamente competía desarrollar al denunciante.

Corresponde ahora que la iniciativa -en primer trámite constitucional- sea analizada por la Comisión de Obras públicas, transportes y telecomunicaciones de la Cámara de Diputados.

La denunciada actuó mediante un plan previamente diseñado y dirigido a terminar aparentemente con la estructura societaria existente a la fecha.

España vulneró el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos.

La Corte Suprema concluyó revocando la sentencia apelada, y en su lugar dispuso que se rechaza la acción de protección deducida.

Corresponde ahora que la iniciativa -en primer trámite constitucional- sea analizada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados.

La requirente estima que el precepto impugnado vulneraría la igualdad ante la ley y el debido proceso.

El Tribunal de alzada acogió la acción judicial, tras constatar las precarias condiciones de habitabilidad que presenta el módulo de aislamiento, lo que vulnera las garantías constitucionales de amparados.