La decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministra Silva, quien estuvo por declarar inadmisible el requerimiento, por configurar la causal prevista en el numeral 6 del artículo 84 de la LOCTC.
El Tribunal de alzada rechazó la reclamación deducida por el exedil en contra la resolución exenta dictada por el órgano contralor, que lo sancionó con 5 UTM.
El Tribunal de alzada consideró arbitraria e ilegal la decisión adoptada por la compañía que, tras ser notificada de la falla detectada, procedió a cortar el suministro al domicilio del recurrente.
En la resolución impugnada, la Superintendencia del Medio Ambiente había sancionado a la empresa con 2.646,5 UTA por diversas infracciones ambientales.
El máximo Tribunal estableció que en la especie no se cumplen los requisitos para acceder a la anulación, solicitada vía casación, de la sentencia que condenó a la corporación edilicia.
El máximo Tribunal estableció que el municipio es responsable por la seguridad de los estudiantes en actividades extra programáticas.
La primera propuesta permite la creación del anunciado Fondo de Emergencia Transitorio Covid-19, mientras que la segunda iniciativa facilita y amplía el acceso al ingreso familiar de emergencia.
En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
La legislación contempla los procedimientos correspondientes para obtener judicialmente, el reconocimiento del derecho de Propiedad que invocan los recurridos.
Estableció la ilegalidad en el actuar de la recurrida que afecta gravemente la garantía de igualdad del niño respecto de otros estudiantes.
