El Tribunal de alzada confirmó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de Villa Alemana, que decretó el sobreseimiento por no existir ánimo de injuriar.
No puede pretender la apelante (clínica) que su opinión – sin aval de profesional en la materia – sobre la supuesta ilegibilidad del electrocardiograma, que en modo alguno se advierte a simple vista, tenga mayor peso que la de la especialista designada de oficio.
La Magistratura constitucional colombiana adujo que el decreto superó el juicio de motivación suficiente porque fue fundamentado y explicó los objetivos de la normativa (compensar la disminución de ingresos en el sector productivo agropecuario y reducir la pérdida de empleos) y las medidas adoptadas para lograrlo.
El compostaje es una actividad industrial, por lo que se requiere que sea ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
La acción deducida se encuentra admitida a trámite por el Tercer Tribunal Ambiental; otorgando a la parte reclamada el plazo de 10 días para informar.
En la resolución se estima que, los antecedentes constituyen presunción grave de la existencia de una afectación a la cohesión social de la comunidad, la que se manifiesta en una tensión latente y un sentimiento compartido de desconfianza.
La asociación alega que la ley viola los principios de proporcionalidad y razonabilidad, ya que no se basa en ningún parámetro o estudio empírico. Según ella, el consumidor moroso no puede regularizar su vida financiera en un fin de semana, sobre todo teniendo en cuenta que los salarios y las ganancias no se pagan durante este período.
El Tribunal de alzada no hizo lugar a la acción proteccional, tras establecer que no se acreditó acción u omisión ilegal o arbitraria de la recurrida que haya privado, perturbado o amenazado los derechos constitucionales reclamados.
El Tribunal de alzada rechazó el recurso de nulidad deducido por la demandada en contra de la sentencia, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió la demanda.
El máximo Tribunal otorgó un plazo de tres días para la entrega de información en el marco de una controversia del artículo 209 del Código Procesal Penal planteada por el Fiscal regional metropolitano centro norte, Xavier Armendáriz Salamero.
