El Tribunal de alzada estableció actuar arbitrario de la recurrida al trasladar a los servicios de salud el pago de las prestaciones realizadas en el hospital clínico, derivadas de atenciones de urgencia.
En el proceso de interpelación, el diputado Miguel Crispi consultó respecto del sistema privado y público de salud, las deficiencias en el ámbito hospitalario y el actuar de la cartera y del propio secretario de Estado en el contexto de la crisis social, entre otros temas.
La iniciativa contempla diversas medidas en materia de liquidez, financiamiento y donaciones, y apunta a dar un respiro a los emprendedores que se han visto afectados por la baja productividad a raíz de la crisis.
Los senadores Carmen Gloria Aravena y Manuel José Ossandón lamentaron que esté circulando información que confunde a la población.
Máximo Tribunal estableció que el derecho a la vida está por sobre razones de orden económico para no entregar tal prestación.
La instancia indagará en las actuaciones del Ministerio del Interior, Carabineros y PDI desde el 28 de octubre a la fecha en relación al estallido social.
Alfredo Moreno abordó -entre otros temas- la redistribución del agua en comunas con escasez hídrica, la fiscalización y la inversión en obras de infraestructura relacionada como embalses y obras de riego.
En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
El requerimiento se fundamenta en que el diputado habría incurrido en la causal de cesación, contemplada en el artículo 6 inciso quinto de la Constitución Política de la República, específicamente, el haber incitado a la alteración del orden público.
La Corte de Santiago señaló que, el proceder de la recurrida no fue ni ilegal ni arbitrario.
