El documento no reúne las características de un instrumento público, al mostrar ausencia de una firma electrónica, lo cual constituye un requisito sine qua non en los términos de la Ley 19.799.

Las observaciones formuladas por el Presidente guardan relación directa con las ideas matrices y el contenido del proyecto de ley.

La recurrida se limitó a manifestar su opinión debidamente fundada, ya que la petición excedía el marco de sus competencias.

Se debe garantizar la seguridad y salud del personal de salud y de apoyo, especialmente los trabajadores con condiciones de riesgo.

Los hechos denunciados fundaron un incidente de nulidad procesal promovido en la causa.

El pronunciamiento obedece a la prórroga de la alerta sanitaria hasta el 31 de diciembre de 2021.

Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales será obligado, alternativamente, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionado.

Al no ser un acto terminal, esta resolución no puede ser impugnada por dicha vía, toda vez que no falla el fondo del asunto controvertido, esto es, la existencia o no de una infracción a la normativa ambiental.

La falta de antecedentes que acrediten lo sostenido por el actor, lleva a concluir que no existe un acto arbitrario o ilegal que importe amenaza o vulneración a alguna de las garantías invocadas.

El interés de un Estado en proteger la reputación de su Jefe de Estado no puede servir de justificación para concederle un estatuto privilegiado o una protección especial frente al derecho a transmitir informaciones y opiniones que son de interés público.