La privación del derecho de voto de una persona con discapacidad mental es procedente cuando dicha persona se encuentre incapacitada para tomar una decisión electoral libre y auto determinada y, cuando aquella determinación tenga como base una evaluación exhaustiva e individualizada por parte de los tribunales nacionales.

Debido al Covid-19 se vio afectada la capacidad de cumplimiento del calendario inicialmente propuesto, ya que el Estado y sus instituciones no han logrado desenvolverse con regularidad.

La Magistratura Ambiental confirió traslado a la demandada por el plazo de 15 días.

El Tribual de alzada desestimó el reclamo de ilegalidad interpuesto por la empresa en contra de las resoluciones sancionatorias, adoptadas por Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), por los problemas detectados en la línea de transmisión Maitencillo-Vallenar.

El máximo Tribunal sostiene que estableció el actuar arbitrario del banco, al no dar cumplimiento a lo que establece la ley que limita la responsabilidad de los titulares o usuarios de tarjetas de pago y transacciones electrónicas en caso de extravío, hurto, robo o fraude.

El máximo Tribunal estableció que la malla extensora utilizada para expandir vasos constreñidos, corresponde a un insumo y no a una prótesis.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Vigésimo Tercer Juzgado Civil de Santiago, donde está acreditada la responsabilidad del demandado chofer del bus en los hechos que causaron el accidente en que el actor resultó con lesiones de carácter grave.

El Tribunal de alzada descartó error de derecho en la sentencia atacada, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió la demanda.

Se trata de una moción de un grupo de senadores que plantea que los plazos sean de 6 y 18 meses, respectivamente, desde el cese de la convivencia.

Se vulnera el derecho de igualdad ante la ley, al dar un mismo e idéntico tratamiento al mero contribuyente moroso que al contribuyente que se ha visto expuesto a la lenidad de quien obra como acreedor, o bien ha sufrido dilaciones ante la justicia que no le son imputables, sin abrir a los tribunales posibilidades para distinguir entre ambos casos.