Aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
La valoración de la prueba realizada por el Tribunal fue incompleta, no consideró en plenitud ni con perspectiva de género la prueba encaminada a demostrar el contexto de violencia intrafamiliar habitual y reiterada que sufría la víctima.
No se justifica que su esposa y el hijo de ambos no hayan podido disfrutar juntos de la compañía de la mascota.
La publicación no especificaba el nombre completo del profesional, solo describe la forma en que fue atendido un perro rescatado.
Solicitó al Estado adoptar las medidas necesarias para proteger a las comunidades de los ataques violentos que perpetua una banda delictiva.
Excluir a los docentes étnicos de beneficios a los que pueden optar el resto de los docentes constituye una discriminación arbitraria del sistema educacional.
El Tribunal de alzada descartó error en la valoración de la prueba en la sentencia impugnada, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que ordenó el pago a la demandante de $7.485.911, por concepto de recargo legal del 30 % de la indemnización por años de servicio, y $5.939.813, por el descuento improcedente del aporte del empleador al seguro de cesantía.
El Tribunal de alzada ratificó la sentencia impugnada, dictada por el 16° Juzgado Civil de Santiago, que rechazó en todas sus partes tanto la demanda principal interpuesta, las excepciones de cosa juzgada e incompetencia deducidas respecto a la demanda reconvencional, al no quedar acreditado en la especie la existencia del contrato de compraventa.
La iniciativa que también permite usar técnicas especiales de investigación fue remitida a la Comisión de Constitución para su estudio en particular.
En una jornada donde primaron los acuerdos, la instancia liderada por César Valenzuela y Janis Meneses cerró este proceso deliberativo.
