El máximo Tribunal descartó infracción en la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de La Serena, que confirmó la de primer grado que rechazó la demanda al considerar justificada la desvinculación del trabajador por consumo de drogas.

Se establece un beneficio para los afiliados calificados como enfermos terminales que consiste en el derecho a recibir una pensión calculada como una renta temporal de 12 meses.

Acordada la decisión de rechazar la segunda causal subsidiaria de invalidación, contenida en el arbitrio del acusado Alarcón Molina, con el voto en contra el Ministro Llanos, quien estuvo por acoger dicha causal, invalidando la sentencia en el acápite que lo condeno como autor del delito de homicidio frustrado en la persona del adolescente de iniciales M.A.P.C. y dictando sentencia de reemplazo que, en dicho apartado, lo absuelva de tal imputación.

El Tribunal de alzada consideró que la sanción aplicada por la SEC a la empresa es proporcional a la gravedad de las infracciones detectadas en la red de distribución ubicada en calle Aton, de la comuna de Maipú, en julio de 2019.

El Senado respaldó la moción que establece la calidad recíproca de carga familiar entre ambos cónyuges, para efectos de las prestaciones de salud que otorga la ley, “terminando con la discriminación arbitraria y avanzando en la igualdad de derechos y deberes”, según se constató durante el debate.

El empleador está obligado a efectuar la compensación horaria semanal, pero no a realizar los descuentos remuneracionales.

No existe una finalidad constitucionalmente legítima para establecer esta causal, ya que es posible llegar al mismo propósito de salvaguardar las finalidades legales del matrimonio sin recurrir a un agravio constitucional.

El artículo 1º de la ley Nº21.299 que consagra el beneficio económico señala que los acreedores “podrán” otorgar esta facilidad.

La solicitud fue rechazada debido a que el informe psicosocial era desfavorable.

La norma objetada infringiría la igualdad ante la ley, toda vez que no existe una razón jurídicamente legítima, necesaria y proporcionada para limitar la procedencia del recurso de casación en la forma.