En la sesión se planteó la necesidad de mejorar las instancias de participación triestamental, sobre todo en las particulares condiciones de aislamiento que impone la pandemia.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia, dictada por el 19° Juzgado Civil de Santiago, que estableció la responsabilidad del Estado por falta de servicio, pero rebajó la indemnización por concepto de lucro cesante, de $50.000.000 a $30.000.000.
El Tribunal de alzada descartó infracción de ley en la sentencia impugnada, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo, que rechazó con costas la reclamación de multa impetrada.
La resolución que niega la petición de desafuero es inapelable para ante la Corte Suprema.
El recurrente alegó que la tardanza vulnera su derecho a la propiedad consagrado en el artículo 19 Nº24.
El actor no acreditó haber realizado la solicitud ante la recurrida.
La inhabilidad se fundó en tres argumentos: Primero, a raíz de haber ejercido el voto dirimente en la causa del segundo retiro de los fondos de la AFP; por su actividad profesional durante el primer mandato del Presidente de la República; y por sus declaraciones, hace un año, en relación con la cuestión de la “Tercera Cámara”.
La acción de amparo no es la vía para impugnar resoluciones judiciales firmes.
La falta de información relevante y esencial no es un supuesto exclusivo del término anticipado de la evaluación ambiental, ya que es parte fundamental del procedimiento, emanado del principio preventivo que lo rige, y es en base a tales antecedentes, o la falta de ellos, que un proyecto podrá ser aprobado o rechazado.
El acusado alegaba la posible existencia de legítima defensa, así como la inevitabilidad de ese acceso por la configuración técnica del programa de gestión del correo electrónico.
