Los factores que generan la inequidad son multidimensionales, y en materia laboral parten desde la etapa de enseñanza, en la cual las normas con sesgos y estereotipos de género, entorpecen las oportunidades para cursar una carrera u obtener un empleo en la edad adulta.
La facultad de voto dirimente constituye una atribución distinta al derecho a voto, que no se encuentra comprendida en él. Por lo tanto, no se puede reducir el voto del Gobernador Regional al voto dirimente.
Tribunal Electoral estableció que los vicios fueron de una entidad suficiente para alterar el resultado de la elección.
Existe un interés público involucrado en el conocimiento de tal información, por cuanto la transparencia del proceso y su publicidad, permite un control social de los estándares de cumplimiento de la educación superior en términos de calidad.
La normativa prevé que el Ministerio de Educación otorgue la validez nacional de los títulos y certificados, reconociéndolo como oficial a los fines de asegurar el ordenamiento y cohesión del sistema educativo nacional. Pero en ningún lugar surge el carácter “estatal” a la que se refiere la recurrente.
Concejales acusan que el Alcalde ha contravenido gravemente las normas sobre probidad administrativa y ha incurrido en notable abandono de deberes.
Según un estudio, en los últimos 25 años los jueces han resuelto unas 100.000 solicitudes de asilo. Solo en lo que va del gobierno de Biden se han dictado unas 36.000 resoluciones, de las cuales 10.000 han favorecido a los migrantes.
Un cortafuego es una faja de terreno que no tiene combustible o donde éste no está en condiciones de arder. De esta forma los cortafuegos cortan la continuidad de la vegetación, impidiendo así que el fuego se propague al carecer de combustible.
La AFC demandó ejecutivamente el cobro del pago de una deuda previsional correspondiente al mes de abril de 2004, en circunstancias que la trabajadora afectada dejó de trabajar para la ejecutada en diciembre de 2004, y la acción fue notificada en abril de 2012, transcurriendo el plazo de prescripción señalado en el artículo 31 bis de la Ley N°17.322.
El máximo Tribunal estableció que el traslado de la funcionaria a Santiago, ciudad en la que no cuenta con red ni apoyo familiar, resulta arbitrario y atenta contra los principios de resguardo y protección de la maternidad, consagrados en la legislación interna y en tratados internacionales.
