El máximo Tribunal consideró que los recurridos incurrieron en falta o abuso grave al acoger la excepción.
El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario e ilegal del banco al negar los productos solicitados por la existencia de una deuda que fue eliminada de los registros públicos de morosidad.
El máximo Tribunal rechazó los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos por las defensas en contra de la sentencia que condenó al capitán Héctor Fernando Osses Yáñez y al teniente Aquiles Bustamante Oliva, a la época de los hechos, a 10 años y un día de presidio por el homicidio calificado y a 61 días de reclusión, por el secuestro simple.
Al no permitirse interponer la excepción de compensación se vulnera el derecho a defensa y la igualdad ante la ley.
El Banco no acreditó que el siniestro haya ocurrido con ocasión de la sustracción de las claves por parte de terceros por una vía distinta a la obtención de las mismas a través de su página web oficial.
La impugnación se dedujo por el Servicio de Salud de Arauco.
La neuropatía padecida por la paciente no fue provococada por una sepsis, sino por los medicamentos asociados a la sedación y ventilación mecánica por tiempo prolongado, lo que llevó a descartar la falta de servicio.
La imposibilidad de participar en nuevas licitaciones públicas no resulta una afectación a la garantía del actor, por cuanto puede desarrollar su actividad con otras entidades.
Los recurrentes alegan que la ley incorpora en el currículo obligatorio una doctrina estatal cuyo objetivo es adoctrinar a los niños, niñas y adolescentes.
Ante la ausencia de regla sobre esta materia en la Ley 17.288, se debe acudir a las normas generales del derecho común dentro del ámbito civil, siendo aplicable la regla general de prescripción extintiva de cinco años.
