Se dedujo también demanda de nulidad de despido y despido injustificado. El tribunal estimó que todas las peticiones tenían su sustento en la existencia de un contrato de trabajo, por lo que procedía el rechazo de todas ellas.
El recurrente alegó que fueron conculcadas las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 N°1, 2,3 inciso 5°, 4, 11 y 24 de la Constitución Política de la República.
El máximo Tribunal trasandino sostuvo que lo resuelto por el superior tribunal de la provincia afecta de modo directo e inmediato el derecho al debido proceso adjetivo.
La decisión de remitir los antecedentes al Tribunal de base fue acordada con el voto en contra de las Ministras Chevesich y Muñoz.
El Tribunal de alzada revocó en lo apelado la sentencia impugnada, dictada por 25° Juzgado Civil de Santiago, y rechazó reclamo de comunidad de edificio Parque Sacramentino 3 contra la sanción.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal de las recurridas al no otorgar cobertura a medicamento Ainlyta recetado para tratar cáncer al riñón.
El Tribunal aplicó, además, a Jorquera Vargas las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.
El Tribunal de alzada redujo de 20 a 5 UTM la multa aplicada y mantuvo la sentencia en la parte que ordenó al municipio capacitar a sus funcionarios para atender apropiadamente a extranjeros que no hablan español.
La instancia aseguró que duplicarán el número de sesiones si es necesario a objeto de recoger los cambios necesarios y tramitar la iniciativa con la celeridad que amerita.
Los legisladores ponen de relieve la labor que tiene la institución policial en la prevención de femicidios en el país, para lo cual se estima importante generar las adecuadas herramientas de formación que les permita desarrollar dicha labor con eficacia.
