La Ley N°20.529 solo encomienda a la recurrida la ejecución de las sanciones aplicadas por la Superintendencia de Educación, pero no está facultada para realizar ajustes a lo determinado por el ente sancionador.
Con el fin de resguardar la igualdad ante la ley de la actora, la recurrida debe dar pronta realización a la investigación sumaria.
En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
No existe en el ordenamiento jurídico una norma que autorice la elaboración y mantención indefinida de un registro de datos personales de quienes hayan tenido la calidad de intervinientes o de imputados en un proceso penal.
Corresponde al Pleno del TC pronunciarse en control obligatorio sobre el proyecto de ley sometido a su conocimiento.
El órgano fiscalizador manifestó que, en dicha decisión se han tenido en consideración, además, los principios de eficacia, eficiencia y economicidad, que obligan a racionalizar el uso de los recursos destinados al ejercicio de dicha potestad de control, privilegiando los controles de reemplazo.
Se necesita avanzar en un mecanismo que coloque un criterio más objetivo para establecer dichas diferencias salariales.
Crea una única institucionalidad que integre a las Corporaciones de Asistencia judicial, reuniendo en un único Servicio la oferta programática que actualmente brindan, con atención a la defensa de víctimas de delitos, grupos o personas vulnerables y la defensa de los Derechos Humanos.
El ofrecimiento de un bono por anticipo de negociación en la negociación colectiva no reglada, no resulta en sí mismo un desestímulo al derecho a negociación colectiva reglada.
Los comentarios de las recurridas se enmarcan en el legítimo ejercicio de su libertad de expresión y no adicionan una calificación o expresión que pueda advertir un trato vejatorio o deshonroso hacia la recurrente.
