El Tribunal de alzada estableció que la sentencia impugnada cometió un error de derecho al anular la multa de 50 UTA, por la descoordinación entre la sanitaria, la generadora Endesa, ubicada aguas arriba, y asociación de canalistas del Cachapoal.

El Tribunal de alzada condenó en calidad de coautores del delito al exoficial del Ejército Jaime García Covarrubias y al abogado Óscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud a 7 años de presidio; en tanto, los exdetectives Orlando Moreno Vásquez y Raúl Binaldo Schonherr Frías deberán purgar 5 años y un día de presidio.

La Comisión de Salud conoció la propuesta que reingresó por el Senado, en la que destaca la creación de un Plan de Salud Universal. La idea es que este plan entregue las prestaciones esenciales en forma gratuita o a un precio muy bajo.

La principal respuesta del Derecho ha sido la normativa sobre protección de datos personales la que, atendido el vertiginoso y avasallador avance de las tecnologías de la información, difícilmente llega  a tiempo y, prácticamente, en ningún caso, se hace cargo en su real complejidad del problema de fondo: la libertad individual frente al perfil de cada uno algoritmicamente determinado.

El máximo Tribunal no hizo lugar al recurso especial impetrado por la parte demandante, la cual «omitió toda referencia y explicación relativa al contenido y circunstancias relativas a la interpretación jurisprudencial que propone como contraste», como exige la norma.

La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Aróstica y Vásquez, quienes estuvieron por acoger el requerimiento, por contrariar el derecho constitucional a un procedimiento justo y racional.

El Tribunal estableció la responsabilidad del centro asistencia en las secuelas provocadas al paciente, como la pérdida invalidante de visión.

El máximo Tribunal descartó infracción de ley en la resolución recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Arica, que confirmó la de primer grado que rechazó la acción debido a que la parte demandada cuenta con un título que justifica la tenencia del inmueble.

La Magistratura Constitucional señala que el ordenamiento laboral no ha distinguido y determinado, en contraste a como ocurre en otro sector, aquellas infracciones que pueden ser leves, graves o gravísimas.

La Magistratura constitucional colombiana explicó que respecto a lo que la actora sugiere como aplicable, no es precedente para este caso en tanto que en esa ocasión se probó la convivencia con la cónyuge dentro de los 2 años anteriores al fallecimiento y la Corte Suprema de Justicia no estaba obligada a seguirla y a arribar a idénticas conclusiones en este asunto concreto.