No existe en el derecho argentino la figura de la extinción de la acción penal en abstracto, sino que ella se configura siempre en concreto y con respecto a persona determinada.
Adolece de falta de fundamento plausible.
El reclamante estaba obligado, en su calidad de titular de los registros sanitarios, a realizar los reconocimientos de equivalencia terapéutica, aun cuando éstos no hayan sido comercializados.
Cumplida la doble instancia, la función revisora de la casación en el ámbito de la presunción de inocencia se limita al examen de la racionalidad de la resolución en relación con su motivación, licitud, regularidad y suficiencia de la prueba.
Dicha exigencia aplica respecto de diplomas otorgados en el extranjero, cuya denominación no es asimilable a alguna de las profesiones comprendidas en el listado del artículo 8 del Decreto Nº16, de 2007.
Busca proteger el uso de los suelos, evitando que aquellos terrenos definidos por las autoridades cambien su uso agrícola, ganadero o forestal, de manera arbitraria por uno habitacional, y generar una mejor coordinación entre los diferentes organismos públicos vinculados en la materia.
El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia atacada, dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, que confirmó la de primer grado que rechazó la demanda.
El Tribunal de alzada rechazó la acción constitucional por considerar que la recurrente no acreditó afectación de derechos fundamentales de igualdad ante la ley y no discriminación.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia apelada, dictada por el 13° Juzgado Civil de Santiago, con declaración de que se aumenta la suma que deberá recibir la víctima por concepto de daño moral.
Hasta el 14 de octubre, el Ejecutivo y los parlamentarios tendrán plazo para presentar indicaciones. En la sesión se abordó el aumento del nivel de endeudamiento debido a la pandemia, la necesidad de evitar las cláusulas abusivas y la desbancarización.
