El Consejo consideró que las medidas equilibraban adecuadamente las preocupaciones por la salud pública y la libertad personal.
Los certificados municipales no expresan si se refieren a actividades gravadas o exentas de pago de derechos, por lo cual carecen de los requisitos exigidos para que el título tenga fuerza ejecutiva.
Existe una relación de interdependencia entre los derechos civiles y políticos y los económicos, sociales, culturales y ambientales.
La Corte aplica un test que permite evaluar si un supuesto infractor ha podido acceder al código fuente de la obra que se reputa original, pues tal hecho derruye la posibilidad de una simple coincidencia.
La demandante no pudo desarrollarse personal y profesionalmente por tener que ocuparse de las labores domésticos.
El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, que confirmó la de primer grado que rechazó la demanda de protección de interés colectivo.
Infringirían el principio de legalidad penal y tipicidad. Dejan el núcleo de la conducta entregado a la determinación de una regla infralegal.
Concluye que no aparece la vulneración legal que se ha denunciado porque el tiempo de 5 años no se ha cumplido ni la prescripción se ha declarado. Razón por la cual la demanda será desechada, sin costas por estimar este tribunal que el actor ha tenido motivo plausible para litigar.
El lenguaje y los términos que son empleados en el quehacer jurídico pueden contribuir a la perpetuación de prejuicios o estigmas en contra de las personas con discapacidad.
La recurrida aplicó la doctrina sostenida por la Contraloría sobre la materia.
