La reforma constitucional quedó en condiciones de cumplir su tercer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados que citó a sesión de Sala para este viernes 23 de abril
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo, que ordenó el pago de $80.000.000 por concepto de daño moral, más la cifra que se determine en la fase de ejecución del fallo, por concepto de indemnización por lucro cesante.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal de la compañía minera recurrida al realizar trabajos prospectivos sin autorización.
El Proyecto de Ley no habla en ningún momento de eutanasia, sino que, en cambio, conceptualiza y despenaliza la denominada «asistencia médica para morir», y la regula por medio de incorporar en la Ley Nº 20.584 sobre derechos y deberes de los pacientes.
El Tribunal de alzada revocó la sentencia impugnada, dictada por el Décimo Juzgado Civil de Santiago, tras dar por establecido el actuar negligente de la clínica privada al disponer el traslado de la paciente, lo que le provocó la muerte el 24 de abril de 2014.
El Tribunal de alzada descartó infracción en la decisión sancionatoria adoptada por la autoridad fiscalizadora, en mayo de 2019, con costas.
El Tribunal de alzada estableció que, en la especie, se encuentra probada la responsabilidad de la empresa por no proporcionar elementos de seguridad a trabajador que operaba máquina de cortes “Jing-Sung”, por lo que fue sancionada por la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana.
Incluso sin la suscripción del Convenio de Especialización nace para la becaria la obligación de devolución de los dineros que fueron pagados en virtud del otorgamiento de la beca.
La gestión pendiente incide en un recurso de apelación seguido ante la Corte de Apelaciones de Concepción.
Existe un ámbito de protección de las personas que se encuentra referido a su integridad psíquica que no puede ser vulnerado por los proveedores aun en caso de deudas.
