El reclamante alega que tenía una clara y seria opción de ser electo candidato de la elección, de no haber concurrido todas las circunstancias y vicios que se señalan en la acción.
La reclamación señala que cualquier decisión sobre el ingreso de un proyecto al SEIA debe estar debidamente fundamentada, debiendo exponerse detalladamente el razonamiento fáctico y jurídico que lleve a concluir que, no obstante los impactos ambientales del proyecto o actividad, estos no revisten la magnitud o trascendencia para, siquiera, le resulte obligatorio ingresar al SIEA.
La sentencia expresa que la cuestión constitucional no radica en elucidar si una Ley de Reforma Constitucional requiere o no de esa iniciativa presidencial, sino que revierte en determinar si el legislador a través de una enmienda constitucional tiene o no competencia para avocarse la materia, atribuirle la condición de reforma constitucional a lo que en el fondo es una ley, y actuar de esta forma paralelamente con el Jefe de Estado, o relevándolo derechamente en su función como colegislador.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de la casa de estudios al condicionar la titulación del recurrente al pago de la deuda.
El Consejo Directivo del Servicio Electoral los determinó en base a la mayor proporción de población indígena mayor de 18 años de cada distrito.
El máximo Tribunal rechazó el arbitrio especial, debido a que la materia que se pretende uniformar no corresponde a aquellas susceptibles de unificación.
El máximo Tribunal descartó vicio de nulidad o error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que acogió la demanda presentada por la empresa concesionaria de estacionamientos en la comuna.
El Tribunal acogió la acción deducida y estableció que las demandadas incurrieron en grave incumplimiento contractual al no pagar remuneraciones y prestaciones previsionales.
En su informe de fondo, la Comisión destacó que los miembros del CAJAR han sido víctimas de múltiples eventos de amenazas, hostigamientos y seguimientos en diversos lugares por parte de personas cuya identidad no se encuentra acreditada.
Con 38 votos a favor, 29 en contra y 1 abstención.
