Es imprescindible ejercer la debida diligencia, incluida la supresión excepcional de garantías individuales que no pueden ser utilizadas como verdadero escudo protector para la práctica de actividades ilícitas, ni como argumento para la supresión o reducción de la responsabilidad civil o penal por actos delictivos, so pena de faltar al verdadero Estado de Derecho.

El municipio alega que las normas objetadas vulneran los principios de juridicidad y de supremacía constitucional, afectan la jurisdicción, la igualdad ante la ley, el debido proceso, entre otros.

En tal caso, también requerirán obtener la pertinente RCA favorable para efectos de otorgar la recepción definitiva, de acuerdo a lo previsto en el artículo 25 bis de la Ley 19.300, y caso de ser procedente efectuar una consulta indígena.

El Jurado es contundente en el sentido de que puede existir una base patológica de trastorno en el estado mental de la acusada, pero que tal estado no influyó, ni tuvo incidencia, en el comportamiento que es objeto de este enjuiciamiento, es decir, en el hecho de que decidiera, conscientemente y con todos los preparativos, matar a su hija.

El Departamento de Análisis Criminal no cuenta con esos datos. Sin embargo, el CPLT le recomendó a la Institución mejorar sus sistemas informáticos con el objeto de garantizar el derecho al acceso a la información en futuras presentaciones, en virtud de existir proyectos que regulan la materia y otorgan facultades a sus funcionarios para retirar vehículos.

La moción promueve la inclusión, especialmente en grandes y medianas empresas, mediante la elaboración de un informe anual sobre el estado de la equidad de género al interior de la organización y las medidas adaptadas para su promoción.

Aun cuando se reúnan las condiciones establecidas en el artículo 159, N°4, del Código del Trabajo, atendido que la transformación en un contrato de duración indefinida sólo está considera en el caso de los contratos a plazo fijo, dictamina la Dirección del Trabajo

El recurrente no logró probar ningún acto posesorio respecto del inmueble que pretendía regularizar en la comuna de San Javier, no cumpliendo con el requisito que exigen los artículos 2 y 4 del D.L. Nº2695.

El delegado presidencial regional podrá calificar una inhumación, traslado del cadáver, sepultura y cremación de alto riesgo para la seguridad pública, con el objetivo de no interrumpir el normal funcionamiento de los establecimientos de salud y educación y, en general, la seguridad y normal tránsito de las personas.

La actora se vio obligada a interponer la acción para obtener la cobertura integral de la medicación requerida por la falta de respuestas satisfactorias por la demandada en forma telefónica.