El Tribunal constató que los docentes están en desventaja respecto a profesores que imparten otras materias.
Cada Tribunal ambiental estará integrado por tres ministros. Dos de ellos deberán tener título de abogado, haber ejercido la profesión a lo menos diez años y haberse destacado en la actividad profesional o académica especializada en materias de derecho administrativo o ambiental. El tercero será un licenciado en ciencias con especialización en materias medioambientales y, a lo menos, diez años de ejercicio profesional.
El hecho de publicar o subir imágenes, vídeos, o cualquier otro tipo de grabación referente a nuestros hijos en Internet en general, y en las redes sociales en particular, además de crearles una huella digital sin su consentimiento desde que son bebés, también puede exponerles a los peligros que acarrea el propio Internet.
Generan una gravísima inseguridad en el entorno que crea condiciones para que en el sector ocurran balaceras y hechos de alta peligrosidad, las que no han sido fiscalizadas de modo apropiado, o bien, han sido toleradas por los organismos recurridos.
Las sanciones administrativas deben respetar el principio de proporcionalidad, para lo cual se deben evaluar no solamente las consideraciones del caso particular, sino que, además, el proceder de la administración en casos previos y similares.
El proyecto agrega una disposición que sanciona a los que, sin tener licencia de conducir, manejen un vehículo para cuya conducción se requiera una licencia profesional determinada, sancionándolo con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo.
El vicio formal de falta de escrituración de un acto administrativo implica que dicho acto no puede ser considerado como tal por estar incompleto, lo que amerita la declaración de nulidad del acto.
Haber impedido que el abogado del demandante se encontrará presente en el interrogatorio causó la pérdida de imparcialidad del juicio penal.
La Ley N°20.084 sólo permite imponer las medidas o sanciones que dicho texto legal contempla, siendo improcedente la inclusión en el Registro de Condenados y la toma de muestra respectiva al no estar contemplada.
El Estado colombiano falló en su tarea de proteger de manera efectiva los derechos fundamentales de la mujer, perpetuando las violencias que se han ejercido en su contra y causándole daño al no asumir con la debida diligencia su caso.
